El 80,9% de los casos registrados entre 2023 y 2024 se dirigieron contra quienes actúan en la defensa ambiental y territorial

Las personas y colectivos que defienden los derechos humanos continúan siendo blanco de violencia y persecución en Brasil. Así lo demuestra el estudio En la Línea de Frente — Violencia contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Brasil (2023–2024), publicado por las organizaciones Justiça Global y Terra de Direitos. El estudio mapeó 318 episodios de violencia, que resultaron en 486 víctimas — 364 personas y 122 colectivos, como comunidades enteras, movimientos sociales y organizaciones. 

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En la serie histórica (2019–2024), se sumaron en el país 1.657 casos de violencia. Solo entre 2023 y 2024 se identificaron 55 asesinatos, 96 intentos de homicidio, 175 amenazas y 120 episodios de criminalización, en apenas los dos primeros años del actual gobierno. En muchos ataques colectivos, no fue posible identificar el número exacto de personas afectadas, lo que indica que el número real de víctimas podría ser aún mayor. 

Incluso con una reducción en el total de casos registrados en 2024 en comparación con el año anterior, la frecuencia de las violaciones sigue siendo alarmante: en promedio, una persona sufre violencia por defender los derechos humanos cada 36 horas en Brasil. 

 “En la realización de esta segunda edición, constatamos que la violencia contra las y los defensores persiste. No basta con que un solo ámbito del poder público actúe en defensa de los derechos humanos, como el poder ejecutivo federal, por ejemplo. El estudio evidencia que existen otros actores — públicos y privados — que actúan en el terreno, como las fuerzas políticas regionales o locales que se movilizan para bloquear estos avances, utilizando la criminalización a través del poder judicial, la violencia mediante pistoleros, policías militares o, como novedad, la invasión del crimen organizado en los territorios”, afirmó Darci Frigo, coordinador ejecutivo de Terra de Direitos. 

El estudio muestra que las milicias rurales, el crimen organizado y agentes del Estado — como la Policía Militar y la Policía Civil — estuvieron involucrados en diversas violaciones. En 45 episodios, policías militares fueron identificados como autores de las violencias, siendo responsables de al menos cinco asesinatos La mayoría de las víctimas trabajaba en la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, tema presente en el 87% de los asesinatos. En el 78,2% de estos crímenes se utilizaron armas de fuego. 

Entre los 486 casos de violencia mapeados entre 2023 y 2024, el 80,9% se dirigieron contra quienes actúan en la defensa ambiental y territorial, es decir, precisamente quienes enfrentan de forma directa los impactos de la crisis climática. Liderazgos indígenas, quilombolas y campesinos están entre los principales objetivos. 

La Violencia tiene raza, género y territorio

Entre los 55 asesinatos registrados en el período, el 78% de las víctimas eran hombres cisgénero, el 36,4% eran personas negras y el 34,5% indígenas. Solo el 9,1% de las personas asesinadas eran blancas, lo que revela el carácter selectivo, racista y estructural de las violaciones. La mayoría de los crímenes ocurrió en áreas rurales y territorios tradicionales, donde las lideranzas desafían los intereses de acaparadores de tierras, grandes terratenientes y grandes emprendimientos. 

Las mujeres también siguen siendo blanco de ataques. El informe identificó 12 asesinatos de defensoras de derechos humanos, 10 mujeres cis y 2 mujeres trans. El caso de la yalorixá y líder quilombola Mãe Bernadete, asesinada con 25 disparos dentro de su casa a pesar de estar bajo protección oficial, evidencia el alto riesgo que enfrentan mujeres negras, indígenas y LGBTQIAPN+ en posiciones de liderazgo político o espiritual. 

Pará lidera los casos de violencia y es símbolo de la contradicción brasileña

El estado de Pará encabeza el ranking nacional de violencia contra defensores y defensoras, con 103 casos registrados. De ellos, el 94% fueron contra personas que actúan en la defensa del medio ambiente y los territorios, precisamente quienes luchan por preservar la Amazonía.

Este dato deja en evidencia una contradicción: el estado que será sede de la COP30, la conferencia mundial de la ONU sobre el clima en 2025, es también el que concentra más ataques contra defensores. 

Criminalización por vía institucional y ataques empresariales

Otro factor preocupante es el crecimiento de los ataques por vías institucionales. La criminalización de personas y movimientos sociales se ha intensificado, muchas veces con la participación de empresas y autoridades locales. Un ejemplo citado en la investigación es la actuación de la minera Belo Sun, en Pará, que buscó judicialmente la criminalización de más de 30 personas, entre agricultores, líderes y movimientos, como forma de presión e intimidación por las denuncias realizadas contra la empresa.

Este tipo de estrategia (conocida como “litigio depredador”) convierte al sistema judicial en un instrumento de represión, vaciando el derecho a la resistencia y a la autodeterminación de los pueblos.

Falta de implementación de la Política de Protección

A pesar de la reactivación de ministerios y consejos participativos dedicados a los derechos humanos, el informe destaca que la política pública de protección aún carece de estructura, presupuesto y efectividad. El Grupo de Trabajo Interministerial Sales Pimenta, creado para elaborar un plan que oriente la Política Nacional de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (PNPDDH), tiene un papel estratégico en este proceso. 

La investigación refuerza la importancia de dar continuidad y celeridad a la implementación del plan enviado al Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía en diciembre de 2024. La publicación del plan en formato de decreto se espera desde entonces, aún sin previsión por parte del gobierno federal para su emisión. 

“Es importante que Brasil fortalezca la política pública de protección, institucionalizando un sistema nacional de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y, sobre todo, que avance en las investigaciones y en la responsabilización de quienes cometen delitos de amenazas, homicidios, atentados, entre otros, enfrentando la grave situación de impunidad”, afirmó Sandra Carvalho, cofundadora y coordinadora del Programa de Protección de Defensoras/es de Derechos Humanos y de la Democracia de Justiça Global. 

Plan Nacional y Compromiso con el Acuerdo de Escazú

Ante el escenario de violencia persistente, las organizaciones recomiendan la institucionalización del Plan Nacional de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, con acciones articuladas entre los poderes de la República, estados y municipios.

Además, el estudio exige al gobierno brasileño el cumplimiento integral del Acuerdo de Escazú, tratado internacional que aborda el acceso a la información, la participación pública y la protección de defensores ambientales en América Latina y el Caribe. Brasil es signatario del acuerdo, pero aún necesita avanzar en su implementación efectiva.