No es casualidad que Brasil sea uno de los primeros países en abrir brechas legales para las nuevas biotecnologías de alto riesgo, como los impulsores genéticos o gene drives. En 1998, Brasil lanzó comercialmente la soja transgénica roundup ready de Monsanto y actualmente es el segundo mayor productor de plantas transgénicas del mundo. El país se está afirmando como un verdadero campo de experimentos agrícolas.

Ya tenemos aprobadas 90 variedades de cultivos transgénicos (soja, maíz, algodón, frijoles, eucalipto y caña de azúcar), de los cuales 70 se han modificado para tolerar herbicidas. Brasil es también el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo, desde 2008. Los resultados del Censo Agropecuario Brasileño de 2016 muestran el aumento de la concentración de la propiedad rural, el aumento de la producción de granos para la exportación (especialmente maíz, soja y café), el avance contra la biodiversidad y la presencia de menos trabajadores en el campo.

El número de personas empleadas en actividades agrícolas disminuyó un 9,2%, el área plantada creció un 5%. También crecieron el número de tractores y grandes maquinarias, el consumo de pesticidas y la siembra de semillas transgénicas. Este escenario se está agravando desde la elección del conservador de extrema derecha Jair Bolsonaro como presidente de la República. Sólo en este año, 290 plaguicidas fueron liberados en 200 días de gobierno, lo que indica que es el gobierno que ha liberado la mayor cantidad de plaguicidas en la historia de Brasil.

En general, los últimos tres años de avance del neoliberalismo conservador han servido para que se afinquen aún más las corporaciones trasnacionales a las que ya estaba asociado el agronegocio nacional. La destitución ilegítima de la presidenta Dilma Rousseff y la elección de Jair Bolsonaro reposicionan a Brasil como productor mundial de commodities agrícolas. Así, a principios de 2018, sin divulgación y sin la participación de la sociedad civil, la la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), que autoriza la investigación, uso y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM) en Brasil, aprobó la Resolución Normativa No. 16/2018.

El documento establece criterios para la definición de nuevas biotecnologías que utilizan ingeniería genética y que son distintas de las técnicas utilizadas en los transgénicos. Una de las formas de biotecnología mencionadas en la resolución aprobada por la CTNBio es la genética dirigida, conocida en inglés como gene drives. El reglamento aprobado abre lagunas legales para que los organismos producidos mediante esta nueva tecnología de alteración genética no sean considerados transgénicos.

Así, semillas, insectos y otros organismos genéticamente modificados mediante nuevas técnicas que no sean “transgénicas” pueden ser excluidos de las implicaciones de la Ley de Bioseguridad (Ley nº 11.105/2005), como la evaluación de los riesgos para la seguridad de la biodiversidad brasileña o el etiquetado. La resolución, establecida por una comisión del Poder Ejecutivo Brasileño, que tiene estatus infra-legal, viola el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Cartagena, especialmente los principios de prevención y precaución.

Pero no sólo eso. La resolución y sus liberaciones violan en particular los derechos humanos de los campesinos, pueblos indígenas y comunidades tradicionales, pues la manipulación genética puede terminar con la agrobiodiversidad que estos pueblos construyen y propagan. De esta manera, Brasil ignora las alertas internacionales sobre los riesgos de las nuevas tecnologías y abre posibilidades de estudio y liberación de estos organismos.

Desde la promulgación del reglamento, la CTNBio ya aprobó el registro de una levadura para la producción de bioetanol por parte de la empresa Globalyeast y también se ha solicitado la aprobación de organismos por parte de las empresas Ourofino Saúde Animal Ltda, Lallemand Brasil Ltda y Du Pont do Brasil S.A. Los resúmenes de las decisiones disponibles son muy breves, con poca información disponible, lo que limita el derecho a la información de la población. ¿Cuáles son los riesgos que presentan las tecnologías previstas en la resolución brasileña? De acuerdo con la Resolución 16/2018, las Técnicas Innovadoras de Mejoramiento de Precisión (TIMPs) comprenden un “conjunto de nuevas metodologías y enfoques que difieren de la estrategia de ingeniería genética de los transgénicos, lo que resulta en la ausencia de ADN/ARN recombinante en el producto final”.

Una de las formas de estas nuevas tecnologías citadas es dotar a los organismos de alelos con herencia autónoma y potencial de recombinación, con la capacidad de forzar un rasgo en toda una población, de allí la imagen de impulsor genético, en inglés gene drive y en francés forçage genetique o forzador genético. Como afirman investigadores de varias organizaciones de la sociedad civil, a partir de archivos obtenidos mediante la ley de libertad de información de Estados Unidos, los impulsores genéticos son organismos con características genéticas implantadas artificialmente, las cuales transfieren a todos sus descendientes de manera dominante.

Pueden usarse para extinguir una especie entera, vegetal o animal. Cuando se liberan en el medio ambiente, estos organismos pueden causar impactos irreversibles e incontrolables. De acuerdo con la Resolución 16/2018 de la CTNBio, para determinar si un producto procedente de las Técnicas Innovadoras de Mejoramiento de Precisión (TIMPs) será considerado o no como un Organismo Genéticamente Modificado (OMG), la empresa o investigador debe solicitar una consulta a la propia comisión - la CTNBio. La consulta se hace a uno solo de los miembros, éste prepara un informe y elabora un dictamen final sobre la categorización como OGM de los organismos producidos con las nuevas técnicas de alteración genética.

El dictamen y la eventural propuesta de utilización de la técnica se someten nuevamente a consulta a una de las Subcomisiones Secto riales Permanentes (instancia superior) y, tras su aprobación, deben remitirse a la plenaria de la CTNBio para su deliberación. En otras palabras, uno solo de los miembros analizará y opinará sobre tecnologías altamente complejas y de muy reciente aparición; y enviará sus hallazgos a una comisión temática, proceso que excluye consideraciones sobre los múltiples impactos que los impulsores genéticos pueden tener sobre la salud, el medio ambiente, la producción agrícola, la soberanía y la seguridad nacional. La Resolución también establece un plazo de 90 días para el análisis y la preparación de los dictámenes del subcomité, que podrá ampliarse otros 90 días si así se solicita.

El plazo máximo de a 180 días sigue siendo demasiado corto para evaluar la investigación científica sobre tecnologías avanzadas y nuevas, habiendo poco desarrollo científico en el país. Los plazos tan cortos impiden que tengamos acceso al desarrollo de la investigación y que analicemos y cuestionemos los datos y documentos presentados por las empresas solicitantes. Así, la Resolución Normativa 16/2018 de la CTNBio es una decisión tecnocrática que avanza en temas de altísimo riesgo, que involucran la soberanía nacional brasileña y pueden impactar a los países fronterizos, mediante un cuestionable instrumento legal que está jerárquicamente por debajo de las leyes nacionales, de la Constitución Federal de 1988, del Convenio sobre la Diversidad Biológica y del Protocolo de Cartagena.

De esta forma, los criterios económicos prevalecen en última instancia sobre los criterios de impacto socioambiental y los derechos humanos en su conjunto. La publicación de la Resolución Normativa 16/2018 de la CTNBio es un arreglo jurídico-político que confiere un amplio poder de decisión a la comisión de expertos, ya que le permite decidir si las nuevas tecnologías se rigen o no según las disposiciones legales de bioseguridad, según el principio de precaución y el análisis de riesgos previstos en la Ley de Bioseguridad de Brasil (Ley 11.105/2005).

Si la comisión decide, las Técnicas Innovadoras de Mejoramiento de Precisión podrían quedar excluidas de la regulación jurídica y aprobarse para la investigación, el uso y el comercio sin ninguna seguridad. Es decir, en teoría, si en Brasil no existe una disposición legal que permita el despliegue de estas nuevas tecnologías, deberían prevalecer los principios constitucionales de protección de la salud, del medio ambiente, la precaución y la prevención, además de la aplicación de la Ley de Bioseguridad en su totalidad, incluso para las nuevas tecnologías que no están cubiertas explícitamente por la ley, la cual se publicó hace trece años y no se ha actualizado para incluir los riesgos de las nuevas técnicas dominadas por las cadenas empresariales agroalimentarias y biológicas.

Otro golpe a la soberanía brasileña La aprobación de esta Resolución posiciona a Brasil como pionero en el escenario mundial en el establecimiento de canales legales para la liberación de este tipo de alteraciones genéticas, que no cuenta con estudios científicos en profundidad y no existe ninguna evidencia de que puedan contribuir a la resolución de problemas sociales, alimentarios o nutricionales. Además, estas tecnologías pueden considerarse armas biológicas o una actualización aún peor de las variedades “terminator”. La imposición de estas tecnologías agrícolas refuerza la división internacional del trabajo entre países que investigan y desarrollan tecnologías (apropiándose de los recursos naturales y los conocimientos tradicionales de campesinos, pueblos indígenas y comunidades tradicionales) y países responsables de la producción agrícola concentrada, como Brasil.

Un modelo basado en intercambios desiguales. La alta tecnificación agrícola impulsa a la concentración y la inversión en investigación tecnológica de vanguardia, asignada a los países del capitalismo central, pero fomenta una agricultura industrial altamente dependiente, digital y concentrada, con pocos trabajadores, en los países del Sur. Todo ello a expensas de la salud, la soberanía, la biodiversidad e incluso la vida de la población. Si la concentración de la producción y el dominio del mercado por parte de las grandes empresas ya impactan en el “viejo continente”, en los países del Sur el desastre es brutal. La resolución 16/2018 debería obedecer a la metodología de análisis de riesgos y protección de la salud humana y el ambiente garantizada por la Constitución Federal del Brasil de 1988, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena.

El llamado a la moratoria sobre impulsores genéticos que hicieron movimientos y organizaciones en el CBD y la posición de los movimientos sociales brasileños que advierten sobre los peligros de la liberación de estas nuevas tecnologías, deben fortalecerse. Incluso si se aprobaran, los impulsores genéticos deberían clasificarse como organismos transgénicos (OGM) y no deberían permanecer al margen del marco legal, con ausencia de regulación y la posibilidad de libre circulación en el medio ambiente.