Durante la década de 1990, los programas de regularización territorial del municipio de Curitiba, implementados por la Cohab-CT, lesionaron a miles de familias al realizar contratos capciosos y de dudosa validez jurídica en diversas áreas de ocupación popular.

En 2002, el Ministerio Público juzgó la acción civil pública para la declaración de nulidad de los contratos celebrados por Cohab desde 1994, cobrando por áreas que no le pertenecían.

Aproximadamente 28.500 personas fueron afectadas por contratos anulados en 2010.

Hoy en día reconocidos como nulos por la justicia brasileña, los Términos de Concesión de Uso del Suelo ilegales son motivo para la organización y movilización de las comunidades afectadas en la lucha por sus derechos violados.