El caso, que se conoció como Masacre de Quedas do Iguaçu, es reflejo de la intensificación de la criminalización de los movimientos sociales por parte del Estado, que alcanzó niveles irracionales en 2016, con la concreción del golpe de Estado en Brasil, y de la falta de inversión pública en programas de reforma agraria, lo que contribuye al agravamiento de los conflictos por la tierra. Es, además, un atentado a los principios democráticos sobre los que se funda el Estado brasileño y a los derechos civiles y políticos de defensores y defensoras de derechos humanos que dedican su vida a la lucha por la democratización del acceso a la tierra.

En abril de 2016, tras un corto período de relativa "paz" en el campo, la Policía Militar del Paraná vuelve a victimizar a trabajadores sin tierra en el estado, esta vez en el campamento Don Tomás Balduino, ubicado en el municipio de Quedas do Iguaçu, Paraná.

El campamento está situado en el inmueble Fazenda Rio das Cobras, cuyas matrículas fueron declaradas nulas por decisión reciente de la 2ª Vara de la Justicia Federal de Cascavel en acción movida por el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). El área ha sido explorada desde hace años por la empresa Araupel, que actúa en la rama de la madera y derivados, causando una serie de impactos ambientales originarios de la sustitución del área de bosque nativo por monocultivo de pinos.

El 7 de abril de 2016, un grupo de cerca de 40 trabajadoras y trabajadores sin tierra que se dirigía a uno de los portones que da acceso a los fondos del campamento Don Tomás Balduino, fue sorprendido por policías de la Rotam y la Policía Militar Ambiental, acompañados de un guardia de la empresa Araupel, que, al avistar uno de los coches en que se desplazaban, comenzaron a disparar con armas de munición letal hacia los trabajadores y trabajadoras que, desarmados, corrían hacia el bosque, tratando de salvar sus vidas. Los trabajadores Vilmar Bordim, 44 años, y Leonir Orback, de 25, fueron golpeados y murieron en el lugar. Pedro Francelino y Enrique Pratti no pudieron huir y fueron arrestados en flagrante por intento de homicidio calificado, aunque fueron golpeados por la espalda y no portaban armas en el momento de la detención.

Para poner en claro lo ocurrido, se instauraron cuatro investigaciones autónomas: IPL nº 30032/2016 (Policía Civil); IPL nº 80/2016-DPF / CAC / PR (Policía Federal); IPM nº 251/2016 (Policía Militar); Procedimiento Investigatorio Criminal nº MPPR-0117.16.000073-5 (Gaeco). La Terra de Direitos acompaña desde el principio los desdoblamientos jurídicos y políticos de la masacre, denunciando internacionalmente las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado y la Policía Militar en la región, disputando la opinión pública y dando visibilidad al conflicto agrario existente y asesorando jurídicamente a las víctimas y familiares.