En 2004, en los municipios Teixeira Soares e Imbituva, en Paraná, pequeños agricultores firmaron contratos de compra y venta de humo en hoja referente a la cosecha de 2004/2005 con la empresa CTA Continental Tobaccos Alliance S/A y Universal Leaf Tabacos Ltda. Ante las innumerables situaciones abusivas y violaciones de los derechos humanos, los agricultores, en asociación con la Terra de Direitos, desarrollaron estrategias de litigio, utilizando las herramientas de la asesoría jurídica popular, que culminaron en la proposición de siete acciones de invalidación de negocio jurídico frente a la empresa, con el objetivo de declarar la nulidad de los contratos.

Al pactar los contratos, las empresas presentaron "ventajas" de la plantación y comercialización del humo en hoja dentro de su "sistema de integración". Sin embargo, con el desarrollo de las obligaciones, se observaron diversas cláusulas abusivas en la relación, como el uso excesivo de agrotóxicos y el empleo de la fuerza de trabajo de los agricultores y de sus familias en turnos prácticamente ininterrumpidos, incluso no raramente teniendo que dormir dentro del invernadero de humo, local insalubre debido a la cantidad de agrotóxicos aplicados en las plantas.

De esta forma, se trazó una relación de inmensa desigualdad en la consecución de la obligación en la medida en que las empresas faltaron con la indispensable buena fe contractual e indujeron al error a los agricultores al prometer "crédito fácil y garantía de mercado", que, por la inexperiencia completa, se adhirieron a un contrato excesivamente oneroso.

Este caso se inserta en un contexto nacional de la producción de monocultivos a gran escala, con la utilización de préstamos, garantías, paquetes tecnológicos que involucran desde la adquisición de semillas, agrotóxicos y fertilizantes químicos, hasta la necesidad de asesoramiento técnico para agricultores, y tiene aún contornos especiales de degradación del trabajo humano, por tratarse del monocultivo de humo.

Las empresas transnacionales dominan la producción y comercialización del tabaco y optan por concentrar la producción en pequeñas propiedades rurales al contratar pequeños agricultores que trabajan en régimen familiar y con pocas tierras para labrar. En general las empresas se valen de un discurso que propone supuestas ventajas a partir de la adhesión al contrato por ellas ofrecido, que suele ser instrumento de control de las empresas sobre los productores y sus familias que acaban endeudadas, con serios problemas de salud, y no raro,  acaban perdiendo sus tierras dadas en garantía para la adquisición de crédito ante las instituciones financieras.