La construcción de puertos en la región del lago Maicá, municipio de Santarém, está basada en una estrategia del agronegocio para el flujo de soya de Mato Grosso por la región norte del país, sobre todo a través del eje Tapajós-Teles Pires.

Son tres empresas que buscan construir emprendimientos portuarios en el municipio. Una de las obras es responsabilidad de la Empresa Brasileña de Puertos de Santarém (Embraps), cuyo informe de impacto ambiental fue publicado en octubre del año 2015. La construcción de otros puertos tiene como objetivo favorecer las actividades del Grupo Cevital, de Argelia, que actúa en la rama agroalimentaria y es favorecido por las plantaciones de la región Centro-Oeste de Brasil, y por la empresa CEAGRO. Aunque sean defendidas como obras para el desarrollo de la región, los proyectos de los puertos afectan nueve barrios de la ciudad donde viven comunidades tradicionales que se establecieron en el área urbana tras una serie de desplazamientos forzados por la ausencia de políticas públicas.

La propuesta de construcción de estos emprendimientos genera un proceso de movilización de los movimientos sociales, pueblos y comunidades tradicionales del municipio de Santarém. Los encuentros, reuniones, talleres, seminarios, marchas, campañas de firmas, y un proceso de intensa denuncia a los poderes públicos resultaron en la proposición de Acciones Civiles Públicas frente a esas empresas y de los órganos públicos responsables.

El caso del Terminal de Uso Privado (TUP) de la empresa Embraps es emblemático debido a la suspensión del licenciamiento ambiental en la justicia. La invisibilización realizada por la empresa y por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Pará de los pueblos y comunidades tradicionales que viven en la región del lago del Maicá y el irrespeto a la Convención 169 de la OIT, llevó al Ministerio Público Federal (MPF) y al Ministerio Público Estatal (MPE), tras denuncias realizadas por los movimientos sociales, a juzgar una Acción Civil Pública frente a la Embraps, a la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (ANTAQ), al Estado de Pará y a la Unión.

En la acción se concedió liminar suspendiendo el proceso de licenciamiento ambiental del Terminal de Uso Privado de Embraps hasta que se realizara la consulta previa, libre e informada a las comunidades quilombolas (descendientes de esclavos africanos que viven en comunidades remanentes) y demás pueblos y comunidades tradicionales que serán afectados por el emprendimiento. En el recurso al Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1) la liminar se mantuvo y el permiso ambiental del puerto permanece suspendido.

La concesión de la liminar hizo que la Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS) iniciara una gran movilización comunitaria para la construcción de su propio protocolo de consulta. El proceso de elaboración del protocolo duró cerca de cuatro meses. Se realizaron talleres en todas las 12 comunidades, diversas formaciones entre los líderes de la FOQS, además de una asamblea final que contó con la participación de cerca de 200 personas. El documento final fue aprobado y encaminado a los órganos públicos.

El pueblo Munduruku de la región del Planalto de Santarém, que será afectado por los emprendimientos portuarios, también elaboraró un protocolo de consulta. Los pescadores de la región de Santarém iniciaron el proceso de elaboración de su propio protocolo.

La Terra de Direitos remitió representación al MPF sobre la pretendida construcción de los puertos de las empresas Embraps, Cargil y Cervital en la región del Maicá, que también fue utilizada como subsidio para la construcción de la ACP juzgada por el MPF y MPE. La organización también asesoró todo el proceso de construcción del protocolo de consulta.