El caso de la Vila Sambaqui se caracteriza como flagrante violación de los derechos humanos a la vivienda y a la ciudad, de agresión y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos. En el 2007, la Vila sufrió desalojo violento ordenado por el Poder Ejecutivo local y emprendido por la Guardia Municipal, sin cumplimiento de las exigencias legales y extrapolando su competencia constitucional.

El 14 de agosto de ese año, la Guardia Municipal de Curitiba, cumpliendo órdenes del alcalde de Curitiba, de la presidenta de la Fundação de Ação Social (FAZ) y de la Secretaría Municipal de Urbanismo, despejó forzosamente la sede de la Associação de Moradores Força de um Poder Maior, actuando con violencia y albedrío innecesarios.

El conflicto tuvo su origen cuando los residentes iniciaron la construcción de la sede provisional de la asociación de vecinos en un terreno de 220 metros cuadrados, cuya conservación y mantenimiento ya eran realizados por aquellas personas. El inmueble era objeto de proceso administrativo en los órganos públicos competentes para autorizar la formalización de un espacio comunitario. Sin embargo, ante la injustificada demora y temerosos de que el proceso fuera nuevamente interrumpido, los moradores edificaron la sede provisoriamente con maderas, garantizando así la posesión y consolidando ese instrumento fundamental de sociabilidad comunitaria, necesario para la articulación y fortalecimiento de los movimientos populares locales.

En vista de las numerosas violaciones cometidas, así como los procesos repetidos de represión y criminalización de los movimientos sociales y defensores de derechos humanos, la União Nacional por Moradia Popular (UNMP) buscó la Terra de Direitos para una acción conjunta. La investigación policial sólo se concluyó en 2009, aun no habiendo sido ofrecida denuncia por el Ministerio Público de Paraná contra los agentes de la Guardia Municipal responsables de las agresiones a los defensores de derechos humanos.