Un estudio de Terra de Direitos y Justicia Global, que abarca desde octubre de 2024 hasta el inicio de las campañas en agosto de 2026, revela que el 96,3 % de los episodios se dirigieron contra titulares de cargos electivos y que las mujeres, a pesar de su subrepresentación, constituyen casi el 50 % de las víctimas. El período preelectoral fue el más violento de la serie histórica

La violencia política en Brasil mantiene un ritmo constante de agresiones y amenazas, incluso en los períodos en los que no hay contienda electoral en las urnas. Entre el 28 de octubre de 2024 y el 15 de agosto de 2026, Brasil registró 354 episodios de violencia política, un promedio de un incidente cada 44 horas.

Los datos forman parte de la versión preliminar de la 4.ª edición del estudio sobre Violencia Política y Electoral en Brasil, elaborado por las organizaciones de derechos humanos Terra de Direitos y Justicia Global. Las cifras correspondientes a la primera vuelta del período de campaña electoral de 2026, que abarca del 16 de agosto al 4 de octubre, se darán a conocer la próxima semana.

El total de 354 casos de violencia política representa un aumento del 18,4 % con respecto a los 299 casos registrados en el período preelectoral de la edición anterior del estudio, entre el 1 de noviembre de 2022 y el 15 de agosto de 2024. El estudio señala que la violencia no se apaga fuera del calendario electoral y tiene como objetivo principal la rutina del ejercicio parlamentario, sobre todo en el ámbito municipal. Un ejemplo es el año 2025, un año sin elecciones, pero con 225 casos registrados. Considerando los 10 años de la investigación, este fue el período preelectoral más violento.

En el 96,3 % de los casos, las víctimas eran personas que ya ejercían mandatos o cargos públicos. Además, el 63 % de los casos se concentraron en la política municipal (concejales y alcaldes), dato que confirma que los concejales y las concejalas, a lo largo de la serie histórica, están más expuestos a la violencia política. La letalidad sigue el mismo patrón: 24 de los 28 episodios con intención letal (incluidos 10 de los 11 asesinatos y 14 de los 17 atentados registrados) se dirigieron contra agentes políticos locales.

"La violencia política es un fenómeno permanente, que no se limita a los períodos electorales y se manifiesta sobre todo en los municipios. Esta violencia afecta directamente a quienes ocupan puestos de decisión y ejercen poder sobre los contratos y los recursos públicos. La investigación muestra que incluso los grupos criminales y hasta los policías se encuentran entre los responsables de los actos de violencia. Nos enfrentamos a un escenario que amenaza no solo la vida de los representantes políticos, sino también el funcionamiento de las instituciones democráticas. El Estado brasileño debe desarrollar y perfeccionar mecanismos eficaces de prevención, protección, investigación y rendición de cuentas para hacer frente a esta violencia de manera continua", destaca Glaucia Marinho, directora ejecutiva de Justicia Global.

Con datos recopilados desde 2016, la investigación «Violencia política y electoral en Brasil» ya ha registrado 1.937 episodios de agresiones contra agentes políticos y líderes, según los datos publicados este miércoles (30). Para la recopilación de datos, las organizaciones realizan un seguimiento y una verificación diarios de la cobertura periodística nacional y regional, además de cruzar la información con registros oficiales y denuncias públicas.

El escenario municipal es el más preocupante y los partidos de izquierda son los principales objetivos
Los políticos municipales fueron las principales víctimas de la violencia política registrada en el período. Los concejales y las concejalas representan el 49,6 % de las víctimas, con 176 de los casos identificados. De los 11 asesinatos registrados, diez tuvieron como víctimas a políticos municipales. Lo mismo ocurrió en 14 de los 17 atentados y en 24 de los 28 episodios clasificados como de intención letal. Entre los actores políticos federales, no se registró ningún asesinato. Teniendo en cuenta el tamaño de las bancadas, se registraron, en promedio, 3 episodios de violencia por cada mil concejales electos en 2024.

El análisis por partido muestra que los políticos de formaciones de izquierda se encuentran entre los principales objetivos. Si se suman las víctimas de las bancadas partidarias, las concejalas y los concejales del PT y del PSOL fueron víctimas del 30,23 % de los episodios. En el caso del PSOL, 16 de los 80 concejales y concejalas elegidos por el partido sufrieron algún tipo de violencia política. En cuanto a los grupos parlamentarios del PT en las cámaras municipales, se registraron 26 episodios. A continuación, aparecen el PP, con 17 casos; el PL, con 15 casos; y la Unión Brasil, con 14.   

La dimensión de género y raza: la repetición de la violencia
Las mujeres fueron víctimas de la mitad (50,6 %) de todos los episodios de violencia política, sumando los casos dirigidos a mujeres cisgénero, transgénero y travestis, a pesar de que ocupan solo alrededor del 18 % de los escaños legislativos del país (según el TSE).

El período también registra 27 episodios colectivos de violencia política, en los que en siete de ellos las víctimas fueron exclusivamente mujeres y en dos de estos la violencia afectó a toda la bancada femenina.

El estudio también destaca la diferencia en los métodos empleados en los ataques: mientras que la violencia física (agresiones, atentados y asesinatos) tiene como blanco a hombres en el 77,2 % de los casos, la violencia simbólica (amenazas e insultos) afectó mayoritariamente a mujeres (58,3 %). Las amenazas de violencia sexual (31 casos) y los episodios con contenido de connotación sexual o comentarios sobre el cuerpo y la apariencia (67 casos) tuvieron un 100 % de víctimas mujeres.

La composición racial varía según el género: entre las mujeres, una de cada tres es negra (64 de 179); entre los hombres, una de cada nueve. Las mujeres representan 64 de los 84 episodios contra personas negras, y once de ellas son trans o travestis. También fueron víctimas cuatro mujeres indígenas y una de origen asiático.

Entre las víctimas, de las 32 personas que sufrieron ataques repetidos a lo largo de los 22 meses, 23 eran mujeres. Las mujeres negras (negras y morenas) constituyen el grupo más vulnerable del estudio: representan el 22,8 % del total de víctimas, pero suman más de la mitad de todos los episodios de violencia repetida registrados.

Las cuatro amenazas de este período firmadas por grupos o perfiles que se declaran neonazis o supremacistas tuvieron como blanco a mujeres negras, en cuatro estados de cuatro regiones diferentes: la alcaldesa Professora Nilda (RN) y las concejalas Alice Carvalho (RS), Vivi Reis (PA) y Adriana Gerônimo (CE).

En una de ellas, la renuncia al cargo es condición para poner fin a las agresiones; la de Belém, firmada por un grupo que se autodenomina «Nueva Orden Ariana», incluye amenazas de violación, de muerte y menciones a una masacre; la de Fortaleza describe las armas y la forma de ejecución de un doble homicidio a la puerta de la casa, que también alcanza a la esposa de la parlamentaria. Es lo más cercano que tiene la base a la violencia racial organizada, sin equivalente dirigido a víctimas de otro perfil.

En junio de 2025, todas las diputadas estatales de la Asamblea Legislativa de São Paulo (Alesp) fueron blanco de un correo electrónico colectivo con amenazas de muerte y violación, que contenía ataques de carácter misógino, racista y capacitista. El caso pone de manifiesto el intento de atacar a un colectivo. 

"Los datos de la 4^.ªedición confirman que la violencia política contra las mujeres es sistémica y ponen de manifiesto hasta qué punto nuestro sistema democrático impide el acceso de las mujeres a los espacios de poder y de toma de decisiones", destaca la coordinadora de incidencia política de Terra de Direitos, Gisele Barbieri. Ella señala que los datos revelan una violencia que se intensifica con el paso de los años, que en la mayoría de los casos queda impune y que ha escalado a un nivel tal que expone y pone en riesgo no solo a las parlamentarias y candidatas, sino también a sus familiares.

"Necesitamos respuestas urgentes ante estos delitos, exigiendo al Estado que aplique las sanciones previstas en la Ley 14.192, aprobada en 2021, para prevenir, reprimir y combatir la violencia política contra las mujeres. Además de ampliar el alcance de la legislación para incluir sanciones específicas para los casos de violencia contra las mujeres transgénero y travestis, así como contra las mujeres negras, que alcanzan altos índices de crueldad; en esta ocasión, incluso fueron las únicas víctimas de amenazas por parte de grupos o perfiles que se declaran abiertamente neonazis", agrega.

Agresiones dentro del parlamento y en el ámbito virtual
Otro hallazgo de la investigación indica que en 64 episodios (el 18,1 % del total) el agresor también ocupa un cargo electivo o un puesto público. Si se suman los policías y otros agentes estatales, los ataques cometidos por representantes del propio Estado alcanzan casi un tercio de los casos (29,9 %). En 52 de estos episodios, las agresiones ocurrieron dentro del propio lugar de trabajo parlamentario, como plenarias y sesiones de comisiones.

Un caso emblemático es el de la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva. En menos de cuatro meses, la ministra fue blanco de tres agresiones por parte de parlamentarios. Un senador dijo en un evento público que era difícil «tolerar a Marina seis horas y diez minutos sin ahorcarla»; otro senador le cortó el micrófono y le ordenó que «se pusiera en su lugar»; un diputado la llamó «adestrada» en una audiencia en la Cámara.

En el ámbito virtual, donde se concentran el 42,8 % de todos los episodios (152 casos), prevalece el anonimato: en el 48 % de estos casos no se pudo identificar al autor del ataque.

Patrón de violencia con indicios de participación del crimen organizado
La investigación revela otro dato preocupante. Del total, 26 episodios (7,3 %) presentaron indicios de que se trataba de un contexto relacionado con una facción criminal o el crimen organizado, especialmente en los estados de Ceará (12), Río de Janeiro (4) y São Paulo (3). En estos casos, el objetivo fueron principalmente las administraciones municipales y organismos relacionados, como las secretarías municipales.

En uno de los casos, en Cariré (CE), el alcalde, el vicealcalde y una concejala fueron amenazados al mismo tiempo; en Meruoca, dos autoridades del mismo gobierno el mismo día; en Jaguaribara, el alcalde y el vicealcalde fueron amenazados en la misma semana; en Mossoró (RN), un asesor fue asesinado y un concejal sufrió un atentado al mismo tiempo y en el mismo lugar. Los datos muestran un patrón de control territorial, no de represalias personales.

Impunidad estructural
A pesar de que el 84,5 % de los casos de violencia política (300 episodios) han sido objeto de una denuncia formal o pública, la tasa de rendición de cuentas sigue siendo insignificante. Solo 46 casos (13 %) cuentan con una investigación judicial o policial en curso y solo 9 episodios (2,5 % del total) han dado lugar a un castigo efectivo de los autores.

Para Terra de Direitos y Justicia Global, los mecanismos institucionales de protección existentes hoy en día son deficientes, ya que se centran exclusivamente en el período de campaña electoral y en la figura de los candidatos. Los datos demuestran la urgencia de contar con políticas públicas continuas de protección del ejercicio del mandato parlamentario a lo largo de todo el año, con especial atención a las concejalas y las líderes locales.

Aspectos destacados de la investigación

• 355 episodios de violencia política en 22 meses (oct/2024 a ago/2026), lo que representa 1 caso registrado aproximadamente cada 44 horas en Brasil
• El tipo de violencia más frecuente son las amenazas (193 casos), seguidas de los insultos (71), la agresión física (51), los atentados (17), los asesinatos (11), la criminalización (6) y las invasiones (5);
• Los estados con mayor número de casos registrados son São Paulo (67), Paraná (31) y Ceará (29)
• El 96,3 % de las víctimas se encontraba en el ejercicio de su mandato o cargo público.
• El 63 % de las agresiones y el 85,7 % de los actos con intención letal se produjeron a nivel municipal.
• El 50,6 % de las víctimas son mujeres cis, trans y travestis —víctimas en 176 casos
• 1 de cada 5 concejales del PSOL elegidos en 2024 fue víctima de violencia política durante ese período (tasa de 287,5 por mil).
• El 2,5 % de los episodios (solo 9 casos) dieron lugar a algún tipo de sanción contra el agresor.
• Las víctimas de este período se distribuyen en 183 blancas, 84 negras y 70 morenas, además de cuatro indígenas, una asiática y doce sin identificación.