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Con lagunas e irregularidades en las licencias ambientales,puertos en el Tapajós (PA) se duplicaron en 10 años


De los 27 puertos en funcionamiento en el Tapajós, al menos la mitad cometieron alguna irregularidad en el proceso de concesión de licencias ambientales. También se detectó falta de transparencia ambiental y violaciones de los derechos de los pueblos tradicionales

 (Fotografía: M\'Boia)

Las márgenes del río Tapajós, en el oeste de Pará, han sido tomadas por emprendimientos portuarios destinados al transporte de granos del Centro-Oeste del país. El crecimiento acelerado de las instalaciones portuarias en la región del Tapajós -especialmente después de la creación de la Ley de Puertos (nº 12.815) en 2013- ha visto procesos de licenciamiento ambiental con una serie de lagunas e irregularidades, como la no realización de estudios de impacto ambiental, la falta de consulta previa, entre otras, que han contribuido a violaciones de los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales. Esto es lo que revela el estudio Puertos y Licencias Ambientales en Tapajós: irregularidades y violación de derechos, lanzado el 6 de marzo por la organización "Terra de Direitos". El dossier forma parte de una plataforma online sobre el tema. 

El estudio analiza las instalaciones portuarias de los municipios de Santarém, Itaituba y Rurópolis, que son ciudades clave en la cadena logística del agronegocio y actúan como punto final de transporte de la producción a granel exportada al mercado internacional. La encuesta sólo consideró los puertos de carga (granos, fertilizantes y otros insumos para el sector), y no incluyó los puertos para el turismo o el transporte de personas.   

En octubre de 2023 (periodo de recogida de datos) se habían identificado un total de 41 puertos en los tres municipios. De ellos, 27 están actualmente en funcionamiento y solo 5 cuentan con documentación completa de licencia ambiental.  

El análisis de las licencias ambientales en este estudio se basó en la información buscada en el sitio web del Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará (SEMAS) y a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI). La búsqueda arrojó pocos resultados, lo que sugiere que las licencias no existen.  

La falta de disponibilidad y difusión de los documentos necesarios para la concesión de licencias es una de las importantes violaciones de derechos destacadas en el estudio. 

Los datos del estudio "Terra de Direitos" muestran que hasta 2013 (sin la Ley de Puertos) la región del Tapajós tenía 19 puertos previstos, en construcción o en funcionamiento en los municipios paranaenses de Itaituba, Santarém y Rurópolis. Diez años después de la ley, o finales de 2023 y este número se ha más que duplicado a 41 puertos - un aumento del 105%.  

Con 14 puertos en funcionamiento, 6 previstos y 2 en construcción, Itaituba representa más del 50% del total de 41 puertos analizados.   

El municipio ha sido considerado central en el proceso de migración de instalaciones portuarias de las regiones Centro-Oeste, Sur y Sudeste, como parte de una estrategia global de traders de commoditie agrícolas (grandes empresas de inversión) para reducir costes, debido a la ubicación del municipio más cerca de los mercados internacionales y las buenas condiciones de navegabilidad del río Tapajós.    

Irregularidades en la concesión de licencias medioambientales 

elicenciamiento ambiental es un instrumento institucional que exige estudios previos para la instalación de actividades u obras con potencial de causar degradación ambiental. El inicio del licenciamiento ambiental es una etapa esencial y, en el caso de los 41 puertos mapeados, obligatoria para la instalación de proyectos.  

​​​Según un estudio de "Terra de Direitos", de los 27 puertos en funcionamiento en la región, sólo se encontró documentación completa (el Estudio de Impacto Ambiental - EIA y el Informe de Impacto Ambiental - RIMA, Licencia Previa, Licencia de Instalación y Licencia de Explotación) para 5 proyectos. 

Otros 4 puertos tienen las 3 licencias -previa, de instalación y de explotación- completas, sin presentar los estudios de impacto.  

La EIA y el RIMA son el primer paso en el proceso de concesión de licencias y se consideran requisitos previos indispensables para la concesión de una Licencia Preliminar para la instalación de un puerto. Los estudios medioambientales son esenciales para medir las repercusiones de la construcción y explotación de los puertos en el medio ambiente y en las comunidades circundantes al proyecto.  

De los 27 puertos en funcionamiento, 16 disponen de Licencia de Explotación sin presentar Licencia Previa ni Licencia de Instalación. 

Se constató que todos los procesos de concesión de licencia​​analizados en el estudio hasta octubre de 2023 presentaban irregularidades que incumplían alguna disposición de la legislación de Pará. La Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará (SEMAS) es el órgano responsable de la realización y concesión de licencias.  

"Existen hoy dos dificultades en el licenciamiento ambiental en Brasil, que se magnifican en la Amazonia y, consecuentemente, en el territorio de Tapajós. La primera es la falsa interpretación de que el licenciamiento, con todas sus etapas inherentes, es opcional. La legislación vigente deja claro que el proceso es obligatorio y debe iniciarse antes de la instalación de cualquier actividad potencialmente contaminante - en el caso del estudio "Terra de Direitos", todos los proyectos analizados. Con un organismo de concesión de licencias que tiene poca o ninguna supervisión y transparencia del proceso de concesión de licencias, las empresas han optado por la concesión de licencias correctivas, que debería ser la excepción pero se ha convertido en la norma. Este es el camino más corto y barato para las empresas, y produce las mayores violaciones de los derechos humanos y daños socioambientales irreparables. La segunda es la interpretación retrógrada de que la concesión de licencias sirve para proteger un medio ambiente sin personas. Hoy existe una interpretación sistémica de los derechos sociales, culturales y ambientales en el texto constitucional, que exige que el proceso de licenciamiento sea entendido como garante de derechos socioambientales, o sea, derechos que también pertenecen a las personas, que muchas veces se organizan colectivamente en pueblos, y a la naturaleza", afirma la asesora jurídica de "Terra de Direitos", Bruna Balbi. 

El análisis de los procesos de licenciamiento ambiental de instalaciones portuarias en la región revela un gran vacío de licencias y estudios en la mayoría de los proyectos encontrados, es decir, la instalación de estos puertos se da en medio de una serie de irregularidades, señales de falta de supervisión y omisión por parte de los organismos ambientales.  

Desde el incumplimiento de la legislación federal y estadual sobre licenciamiento ambiental y puertos hasta los tratados internacionales -como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (que trata del derecho a la consulta previa con pueblos y comunidades tradicionales) y la Convención sobre Diversidad Biológica (que establece el principio de precaución para la protección ambiental)-, el estudio muestra que la violación de derechos ha sido la base de los procesos de licenciamiento ambiental de los puertos instalados en el Tapajós.  

A partir del análisis de las licencias ambientales de los puertos de Tapajós, el estudio identifica que se ha producido un avance desenfrenado de las obras de infraestructura y logística, que ha visto cómo se pisoteaban las normas para agilizar las obras de instalación portuaria y las operaciones portuarias.  

Pueblos afectados 

El estudio "Terra de Direitos" señala que los daños y transformaciones causados por los puertos en el Tapajós no pueden ser vistos de forma aislada. Al evaluar los impactos, es necesario considerar todo el complejo logístico y los daños acumulados que los proyectos han causado al medio ambiente y también a los modos de vida de los pueblos tradicionales.   

Son indígenas, quilombolas, pescadores artesanales, agricultores familiares, ribereños y otras comunidades tradicionales que viven con los resultados e impactos negativos de la acelerada instalación e intensa operación de emprendimientos portuarios con irregularidades en el licenciamiento ambiental.  

Maria Ivete Bastos, trabajadora rural y presidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales, Agricultoras y Agricultores Familiares de Santarém (STTR), conoce bien este escenario. Dice que con los puertos también llegaron los incentivos a los monocultivos de cereales, que expandieron los latifundios en la región. 

 "Los impactos negativos que han traído los puertos existen desde hace tiempo... En primer lugar, como ejemplo de Cargill en Santarém, la llegada de los puertos también proporcionó apoyo, financiación y todo el refuerzo de la logística para que los productores de soja vinieran de otras regiones, dado que Santarém no era un centro de producción de soja", afirma.  

Este fomento del monocultivo en la región, como señala la trabajadora rural, refuerza la perspectiva planteada en el estudio "Terra de Direitos" de que los puertos no llegan solos al territorio. Se crea toda una cadena logística y de infraestructuras para garantizar el apoyo y el desarrollo del agronegocio a granel, que transforma las dinámicas sociales, económicas y culturales, además de tener un gran impacto en el modo de vida de los pueblos y comunidades tradicionales. 

"El primer impacto fue la expulsión de los trabajadores de la tierra porque la mayoría de ellos no tenían documento de propiedad, eran simples ocupantes ilegales. En segundo lugar, también se extinguieron algunas comunidades, se contaminaron algunas corrientes de agua (igarapés), se dejó a la gente sin acceso debido a las alambradas o porque compraban [tierras] a una u otra persona o las expulsaban porque la gente no puede mantenerse si no tiene políticas públicas y la legalización de la tierra, así que acabaron volviéndose vulnerables y muchos se marcharon a la ciudad", afirma. 

Ninguno de los 41 puertos identificados en el estudio llevó a cabo el proceso de consulta previa, libre e informada que garantiza a los pueblos y comunidades tradicionales el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, revela el estudio.  

El tratado internacional ratificado por Brasil en 2004 estipula que estos grupos deben ser oídos previamente en caso de obras, emprendimientos o medidas administrativas que puedan afectar a sus territorios o modo de vida.  

Cargill - el primer puerto 

Cargill fue el primer puerto instalado en el Tapajós con el objetivo de transportar la producción del agronegocio, en 2003. La empresa comenzó a operar en Santarém sin presentar los Estudios de Impacto Ambiental, que sólo se produjeron en 2008 tras intensas movilizaciones y denuncias ante los tribunales por parte de movimientos sociales y pueblos tradicionales.  

Los impactos de Cargill en Santarém son constantemente denunciados desde hace años por pueblos y comunidades tradicionales, movimientos y organizaciones sociales. Las denuncias versan sobre las irregularidades cometidas en el proceso de concesión de licencias ambientales y las violaciones de derechos, como la falta de consulta previa, libre e informada, la destrucción de la playa urbana de Vera Paz (antaño situada en la periferia de la ciudad donde hoy se encuentra el puerto) y las responsabilidades de la empresa por contribuir a la crisis climática del planeta, como señala Maria Ivete.    

"Estos muchos camiones que están vertiendo combustibles fósiles también están contribuyendo al calentamiento que estamos viviendo hoy, a la sequía más larga de la historia, que ha matado nuestras cosechas, ha secado los ríos y nos ha hecho imposible mantenernos durante este periodo, y aún no ha terminado. Estamos viviendo este drama de la crisis climática y estos puertos avanzan cada vez más y se están instalando otros en la región. Entonces los impactos son muy perjudiciales para nuestras vidas porque no es simplemente tener un puerto, es lo que va a pasar por ahí, lo que va a estimular y lo que le puede pasar a los seres humanos que decidan quedarse en el territorio." 

El estudio e investigación de los impactos causados por los dos puertos de la Cargill (Santarém e Itaituba) en Tapajós puede ser encontrado en el site “Sem Licença Para Cargill" elaborado por "Terra de Direitos".   

Portal del Puerto de Tapajós 

El estudio Puertos y licencia ambiental en Tapajós: irregularidades y violación de derechos forma parte de la plataforma online Puertos en Tapajós, que reúne información sobre el licenciamiento ambiental de 41 puertos (públicos y privados) proyectados, en construcción o en funcionamiento en las ciudades de Santarém, Itaituba y Rurópolis, situadas en el oeste de Pará. Los datos se recogieron de la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (ANTAQ), la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará (SEMAS) y diarios oficiales.  

El sitio también contiene datos anuales y acumulativos sobre deforestación e incendios, que están vinculados a información sobre los puertos de la región, lo que permite ver cómo, a lo largo de los años, la llegada de los puertos ha modificado el paisaje territorial de la región.  

Además de los puertos, el mapa del sitio identifica las unidades de conservación (UC), las tierras indígenas, los territorios quilombolas y las comunidades tradicionales de los Tapajós en los municipios de Santarém, Itaituba y Rurópolis.  

Con la herramienta de filtrado disponible, es posible ver cómo estos datos se relacionan y conectan con el escenario regional. El portal permite realizar innumerables combinaciones para llevar a cabo análisis específicos. 

 



Acciones: Empresas y Violaciones de los Derechos Humanos
Ejes: Tierra, territorio y justicia espacial