Un informe elaborado por las organizaciones Terra de Direitos y Justiça Global también incluye estudios sobre los programas en México, Honduras y Colombia

En el año en que fueron asesinados el indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Philips en la región amazónica, la implementación de la política de protección de los defensores de los derechos humanos en Brasil presentó inconsistencias en su implementación, según la evaluación de las organizaciones de derechos humanos, Justiça Global y Terra de Direitos, en un informe inédito que será presentado el 8 de diciembre.

El estudio Visiones críticas sobre los mecanismos de protección para los defensores de los derechos humanos en América Latina trae análisis considerando la realización del programa federal, denominado Programa de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH), y los 11 programas estatales que se implementan a través de convenios firmados entre los estados y el gobierno nacional. El informe también investiga los mecanismos de protección para los defensores de los derechos humanos en México, Honduras y Colombia. 

El estudio apunta a un debilitamiento del programa en Brasil, que se ha visto intensificado durante el gobierno de Jair Bolsonaro (PL), quien no avanzó en la transformación del programa en una política de Estado, editó una serie de decretos y ordenanzas que no solucionaron la falta de participación popular en la formulación de políticas, creó más burocracias y, sobre todo, alejó al programa de su misión de articular las políticas necesarias para superar las causas de las amenazas. Además, las nuevas ordenanzas cambiaron fases y criterios para la inclusión de personas en el Programa e incluso cambió la coordinación del PPDDH y la composición del Consejo Deliberante (Condel), que ahora se integra de forma no paritaria -lo que resulta en el debilitamiento de la participación social en la ejecución de la política.

Otra cuestión preocupante, en el ámbito de la política de protección, destacada en el informe, es la falta de transparencia activa de los programas en Brasil -tanto estatales como nacionales-, ya que la información es de difícil acceso, limitada y desactualizada. 

La investigación busca resaltar que la información de contacto de los organismos públicos no está disponible en los estados donde se han implementado programas estatales para la protección de los defensores de los derechos humanos. Tampoco hay datos accesibles en el sitio web del Gobierno Federal sobre su implementación y ejecución, como la divulgación del número de personas bajo protección, su área de actuación, el perfil de los amenazantes/violadores, los recursos involucrados en la viabilidad del programa, entre otra información útil. 

Para Sandra Carvalho, coordinadora general de Justiça Global, la transparencia activa es necesaria y urgente para la promoción de los derechos humanos y “esenciales para la gestión pública”. “La confidencialidad sobre los casos y la protección de las personas incluidas en el Programa no puede confundirse con la falta de transparencia sobre la ejecución de la política”, afirma.

La falta de una política sólida y transparente expone y afecta aún más a los defensores de los derechos humanos, agrega la coordinadora. “La violencia es una estrategia de intimidación para contener sus acciones y avances en la vida de estas personas en lucha, derivando, en determinadas situaciones, en asesinatos. Cabe señalar que en el último período crecieron exponencialmente los discursos de odio y la difusión de noticias falsas, que muchas veces involucraron a los defensores, incluso como estrategias para deslegitimar su lucha.” 

Luciana Pivato, coordinadora del Programa Política y Derechos de la organización Terra de Direitos, también considera que “el Programa se ha alejado de su misión y de ser una herramienta de articulación de otras políticas públicas necesarias para enfrentar las causas de la violencia que sufren los defensores de los derechos humanos.” En su opinión, el PPDDH continúa sin que exista un marco regulatorio. El Proyecto de Ley (número) que busca transformar en ley el Programa, sigue estancado en la Cámara de Diputados. “Es necesario que el nuevo gobierno cree, en diálogo amplio con las organizaciones populares, un marco regulatorio para que el PPDDH promueva su misión y ofrezca medidas que impulsen la protección integral, con acciones dirigidas a los defensores, sus familias y grupos, retomando el concepto de los defensores de los derechos humanos como un colectivo y, sobre todo, prestando atención a las dimensiones de género y raza”, destaca Pivato.

Para la elaboración del informe, se recopiló información sobre la implementación de la política, centrándose en fuentes oficiales disponibles en sitios y portales de transparencia y, en el caso brasileño, a través de un relevamiento basado en solicitudes a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI). Además, se realizaron entrevistas a miembros de los equipos del programa a nivel nacional, personas atendidas y organizaciones de la sociedad civil de los cuatro países que monitorean la ejecución de la política.  

El Programa en Brasil
Desde su creación en el año 2004, el PPDDH ha contado con 1.183 personas atendidas por el equipo federal, según datos proporcionados por el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, obtenidos a través de una solicitud de la Ley de Acceso a la Información. La mayoría de las personas bajo protección fueron incluidas en el programa debido a su trabajo en la defensa del derecho a la tierra (325 casos), en defensa de los derechos de los indígenas (263) y quilombolas (150). 

Actualmente, 11 estados también cuentan con Programas Estatales de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, con equipos y estructuras propios. Ellos son: Amazonas, Bahía, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul y Río de Janeiro. El resto de los estados son atendidos por el equipo del Programa Federal. 

Experiencias en América Latina
Si América Latina es una de las regiones que más asesinatos y ataques contra los defensores de derechos humanos registra, los programas de protección desarrollados en diferentes países latinoamericanos tratan de dar cuenta de esta realidad. El estudio lanzado este jueves (8) propuso producir intercambios en la agenda de protección, aportando información sobre la estructura del programa en cada país, aspectos presupuestarios, existencia o ausencia de marcos jurídicos, espacios de participación social y formas de protección. 

El análisis de los mecanismos de protección desarrollados también en México, Honduras y Colombia muestra que, si bien estos programas también enfrentan una serie de desafíos y límites, es posible avanzar en la mejora de las políticas de protección a partir de diferentes experiencias, como la garantía de la protección colectiva de los defensores o incluso la incorporación de perspectivas de género y raciales en la protección.

“Nuestras organizaciones lucharon por la creación del PPDDH y desde entonces se han centrado en su perfeccionamiento. En esta investigación, consideramos importante ampliar el diálogo sobre los mecanismos de protección en América Latina”, explica Pivato. “Además de verificar los caminos que se han adoptado en Brasil, la construcción de este informe permitió ampliar el diálogo con aquellas organizaciones que también luchan en sus países para consolidar políticas de protección”, concluye.