Investigación inédita indica que, a pesar del no cumplimiento de condicionantes a lo largo de 20 años de operación y de los diversos vacíos históricos del Estudio Impacto Ambiental del Puerto, las licencias de operación de Cargill siguen siendo renovadas.

Rio de Janeiro, 18 de junio de 2021 - Terra de Direitos lanza el estudio “Sem licença para destruição - Cargill e violação de direitos no Tapajós (Santarém)” (Sin licencia para destrucción - Cargill y violación de derechos en Tapajós [Santarém]), que presenta una serie de irregularidades y acciones de desacato con respecto al proceso de licenciamiento ambiental para la instalación del Puerto de Cargill, una multinacional de origen americana que produce y procesa alimentos. La empresa opera una terminal portuaria en Santarém, en Pará, hace casi 20 años, impactando fuertemente a las comunidades tradicionales de la región, que se unieron para cobrar, del Gobierno de Pará, compensaciones y mitigaciones de la instalación del emprendimiento.

Mientras los ojos del exterior evalúan la política ambiental brasileña, la renovación de la licencia, solicitada en agosto de 2020 por la empresa a la Secretaría del Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Pará (SEMAS), puede perjudicar la economía local, además de los ya conocidos impactos sociales y ambientales. La investigación realizada por Terra de Direitos concluye que, a pesar del no cumplimiento de condicionantes y de los diversos vacíos históricos del Estudio Impacto Ambiental del Puerto, las licencias de operación de Cargill siguen siendo renovadas.

“Cargill sigue sin una licencia de operación válida desde el 22 de noviembre de 2020. Es necesario garantizar que el organismo ambiental no conceda nueva licencia antes de la rectificación de los Estudios del Componente Indígena y Quilombola y con reparación de los daños causados hasta ahora. Solamente la realización de una efectiva Consulta Previa, Libre e Informada de indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales afectadas podrá garantizar la continuidad de un proceso de licenciamiento ambiental en consonancia con la legislación en vigor y con los principios de derechos humanos”, afirma Pedro Martins, asesor jurídico de Terra de Direitos.

Denuncias - avance del agronegocio y destrucción de la memoria de los pueblos tradicionales
Una de las principales denuncias que el estudio presenta es sobre el avance del agronegocio en la región, vinculado al crecimiento de la producción de soja con la llegada de Cargill, que cambió los procesos de ocupación y uso del suelo. El hecho de haber un comprador local, como Cargill, impulsó la migración de agricultores, causando presión sobre áreas de floresta para cultivo en Santarém. Desde el inicio del proceso de instalación de la empresa en la región, Santarém perdió un área de más de 1 mil km² de bosque —el equivalente a más de 100 mil campos de fútbol. Este número está relacionado con la deforestación acumulada entre 2000 y 2018, con datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).

La mayor cantidad de área deforestada en el municipio ha sido registrada en 2008 —en el año, 3.084 hectáreas han sido deforestadas, según datos de Terrabrasilis/INPE. En 2019, 1.937 hectáreas han sido deforestadas en Santarém. El municipio de Belterra, que es geográficamente casi cuatro veces más pequeño que Santarém y con una gran parte del territorio es ocupado por el Bosque Nacional de Tapajós, perdió más de 158 km² de bosque en 18 años, el equivalente a más de 15.800 campos de fútbol.

“Con la supresión de la vegetación local, hay un aumento de la sensación térmica. Además, el puerto resuelta en pérdida del área de pesca, invasión de especies exóticas e impacto en la calidad del pescado, con mayor ocurrencia de deformidades y menor tiempo de conservación del producto”, explica.

Conflictos de tierras también llegaron a ser un problema en la región. La llegada de la cultura de soja en los municipios de Belterra, Mojuí dos Campos y Santarém contribuyó para el proceso de apreciación de tierras. Una investigación realizada durante el estudio indica que, entre 2000 y 2005, 90% de las áreas alrededor de BR-163 cambiaron de dueño, en especial entre Santarém y Belterra. La apreciación de las tierras ha sido uno de los factores que quizá ha contribuido para la venda de propiedades de pequeños agricultores, pero no ha sido el único: informes traídos por el Sindicato de los Trabajadores Rurales, Agricultores y Agricultoras Familiares de Santarém (STTR-STR) indican que, en gran parte, agricultores familiares han sido presionados a abandonar sus tierras. En ese escenario, las mujeres conllevan más perjuicio, obligadas a salir de sus tierras, aumentando la inseguridad alimentaria de las familias.

Otro gran impacto presentado por los pueblos de la región con relación a la instalación de Cargill tiene relación directa con la expansión del agronegocio. Con la llegada de la empresa y el estímulo a la producción de soja, las comunidades —principalmente de Planalto Santareno, entre los municipios de Santarém, Belterra y Mojuí dos Campos— empiezan a sentir los efectos de la aplicación de pesticidas en las plantaciones, que están cada vez más cerca del área urbana e instalaciones como escuelas, centros de salud y hospitales. Una investigación de maestría en Desarrollo Sostenible presentada en la Universidad de Brasília en 2019 ha identificado que al menos uno de los cuerpos de agua de las tres ciudades de Planalto Santareno están contaminados con al menos uno de los ingredientes activos (la principal sustancia química de los pesticidas) evaluados. La aplicación de pesticidas también resuelta en la extinción masiva de abejas nativas y otros polinizadores de la región, lo que puede resultar en efectos diversos.

El estudio de Terra de Direitos también presenta una serie de denuncias basadas en informes de los pueblos de la región. Con la instalación de la terminal portuaria de Cargill, los habitantes de Santarém han sido obligados a despedirse de una de las principales áreas recreativas urbanas de la ciudad. La construcción de los silos para el almacenamiento de granos y de un dique de 580 m acabó con lo que era conocida como Playa de Vera Paz. Además, la instalación de las estructuras de la terminal representó la destrucción de parte de uno de los más grandes yacimientos arqueológicos de la región. Localizado entre los barrios Laguinho y Mapiri, el Yacimiento del Puerto contiene vestigios de la ocupación precolombiana del territorio de alrededor 10 mil años. Los indígenas relatan la falta de respecto a la ancestralidad y una grave violación de la cosmovisión indígena.

“El hecho de que los pueblos tradicionales no han sido escuchados significa que la realidad de los impactos sufridos por aldeas y quilombos, además de pescadores y agricultores familiares ha sido omitida. Durante los 22 años tras la llegada de la empresa en la región, los grupos étnicos no han participado de la elaboración de condicionantes del emprendimiento y han sido excluidos de cualquier proceso de participación, a pesar de la serie de marcos legales que garantirían ese derecho”, concluye el asesor jurídico de Terra de Direitos.

Sobre Terra de Direitos
Terra de Direitos, una organización que surgió en Curitiba (PR) en 2002, viene actuando hace 11 años desde Tapajós en situaciones de conflictos colectivos relacionados con el acceso a la tierra y a los territorios rural y urbano. Ella cree en la soberanía popular y apoya las luchas colectivas de los movimientos sociales, de pueblos y comunidades por el reconocimiento y garantía de derechos. Entiende que la democracia y la justicia social son fundamentales para la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria, en especial en Brasil, una tierra de muchos pueblos, culturas e identidades. Actúa por el pleno acceso a la justicia, reivindicando un sistema de justicia que refleja la diversidad y pluralidad de la sociedad brasileña. www. terradedireitos.org.br